La imagen de Ricardo Alfonsín captada por la televisión oficial durante el discurso presidencial del sábado, es altamente simbólica de lo que hoy es la oposición: el diputado radical se hallaba recostado en su banca, sin mantener erguida su espalda ni apoyar la misma sobre el respaldo, con gesto tedioso y jugueteando con sus anteojos. La actitud corporal de Alfonsín transmitía desgano, aburrimiento, abandono, falta de visión. Una descripción de lo que hoy genera la oposición política argentina.
Cuando la resistencia no se plantea desde afuera de los gobiernos, ésta surge invariablemente desde adentro de ellos. Además, este gobierno tiene una naturaleza política que se alimenta de la confrontación. El combate es el escenario que mejor le sienta al kirchnerismo. Según lo que puede verse, todo indica que la primera gran batalla política del gobierno será contra el sindicalismo peronista.
En el discurso del sábado, Cristina Fernández lo mencionó más de una vez, con críticas más o menos directas según el caso. Hizo referencia al derecho de huelga, diferenciándolo del chantaje y la extorsión, en obvia alusión al reciente conflicto con los gremios aeronáuticos.
Referido a ello, el gobierno habría consultado a la Corte Suprema de Justicia para saber qué haría frente a un hipotético caso de Decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el que se le dé al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir un sindicato o quitarle su personería gremial ante un conflicto, huelga o interrupción de servicios públicos declarados esenciales. El mismo proyecto incluiría al transporte dentro de los mismos.
Simultáneamente, el Gobierno denunció ante la Justicia a la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) con el fin de hacerle perder la personería gremial, acusándola de violar una conciliación obligatoria.
La pérdida de la personería gremial, para un sindicato afectaría además la posibilidad de manejar los fondos de su obra social. Un golpe a su víscera más sensible.
Este proyecto ya fue intentado sin éxito en otras oportunidades, pero era otro el contexto político.
Otras ideas que impulsaría el gobierno sería inmiscuirse en las elecciones sindicales, con el pretexto de hacerlas más democráticas, e impedir que los secretarios generales tengan más de dos mandatos consecutivos. También se estudiaría la estatización de las obras sociales.
Estas iniciativas caerían muy mal en el sindicalismo peronista, pero muy bien en la clase media, el sector que más va a sufrir el ajuste durante el 2012. En la etapa preelectoral, cada vez que Cristina Fernández-Kirchner le pegaba a los gremios subía unos puntos en las encuestas.
Asimismo, el gobierno no es neutral en la elección del sucesor de Hugo Moyano al frente de la CGT. El mandato del camionero vence en mayo del año que viene. Con el auspicio oficial, varios gremios se estarían uniendo para elegir a un candidato afín al paladar del Poder Ejecutivo. El metalúrgico Antonio Caló sería el ungido de una entente que integran –entre otros- Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (mercantiles) y Gerardo Martínez (Construcción).
La delicada situación económica que se avecina, tanto en el orden externo como en el interno, le impone al gobierno la necesidad de no permitir aumentos masivos de salarios en las próximas paritarias, porque se convertirían en causa y efecto de más inflación. La intención presidencial es que no superen el 18%, cuando la mayoría de las organizaciones sindicales pretenden un mínimo del 26%.
Además, la reciente neutralización en el parlamento del proyecto de participación obligatoria en las utilidades de las empresas, y la negativa a subir el mínimo no imponible en ganancias, indica la necesidad del gobierno de contar con una conducción sindical amigable, como lo fue la CGT de Rodolfo Daer, en los tiempos de Carlos Menem.
Allí surgieron dos corrientes sindicales opositoras: la CTA liderada por Víctor De Gennaro, integrada por gremios en su mayoría del ámbito estatal, con dirigentes preferentemente de centroizquierda; y el MTA, conducido por Hugo Moyano, con gremios relacionados a la logística y la producción, medianos y chicos, con referentes de origen peronista.
Hoy, De Gennaro está asumiendo como diputado del FAP, y maneja una porción importante de la CTA junto a su aliado Pablo Micheli.
Pero la naturaleza básica del gremialista es ésa, agremiarse. Moyano se apresta a hacer renacer al MTA, como foco de resistencia frente al gobierno. Los temas expuestos, más una reforma impositiva y la lucha contra la precariedad laboral serían los ejes de una convocatoria a todo el arco sindical.
Paralelamente, Moyano prepara su reasunción al frente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), una federación que agrupa a camioneros, colectiveros, ferroviarios, taxistas, aeronáuticos, navales…es decir la logística del país. Moyano conserva en esos espacios, una legitimidad a toda prueba, ya que estos gremios –gracias a él- alcanzaron niveles salariales inéditos. Allí se replegará para hacerse fuerte y resistir los ataques políticos de los otros gremios, el gobierno y de la justicia.
También el camionero marplatense ha acortado distancias con los principales referentes sindicales del extinto peronismo federal, Luis Barrionuevo –líder gastronómico y de la CGT Azul y Blanca- y Gerónimo Momo Venegas, ruralista y conductor de las 62 Organizaciones.
Moyano ha convocado a un gran acto para el 15 de diciembre en el estadio de Huracán por el Día del Camionero. Allí anunciará un plus salarial de fin de año de $ 2.000.-, e impulsará todas las reinvindicaciones descriptas en los párrafos anteriores. Mostrará los dientes, exhibiendo una fuerza que desearía no usar.
Quizás, allí mismo o en otra ocasión posterior, vuelva a hablar de la formación de un partido político propio, al estilo del laborismo inglés o del PT brasileño. Toda la dirigencia sindical quedó decepcionada con Cristina Fernández-Kirchner por el ninguneo sufrido a la hora de armar las listas de diputados, dándole a los jóvenes de La Cámporalos lugares que ellos pretendían. El sindicalismo se jugó por el kirchnerismo desde 2005 hasta la última elección, y sienten que fueron traicionados por el gobierno.
Este partido además, sería presentado como un refugio para los sindicalistas que pretendan tener un cargo político y que se sientan desplazados por el kirchnerismo. Además, como una reserva ideológica del peronismo ortodoxo, frente al avance de La Cámpora y demás sectores hostiles al PJ en el universo oficialista, haciendo ver las contradicciones entre el relato épico, nacional, popular y revolucionario que redactan los escribientes de Carta Abierta y la realidad de ajuste, caída del crecimiento e inflación que se avecina.
Las luces de los festejos se van apagando, y quedan sólo las que iluminan el centro del cuadrilátero. El bullicio de la popular y la ansiedad del ring-side se esfuman con el humo de los cigarros en la observación atenta de lo que pasará muy pronto entre las sogas. Una voz ronca grita ¡segundos afuera…!; suena sorda la campana… y el combate comienza.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
MARIANO ROVATTI
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El derecho de huelga y la Constitución de 1949
Durante su último discurso, la presidenta mencionó al pasar que el derecho de huelga no estaba garantizado en la Constitución Nacional de 1949, lo que generó duras réplicas de distintas voces del peronismo.
A continuación, transcribimos el artículo 37, inciso 10 del texto constitucional sancionado en 1949 y derogado por el golpe de 1955:
"Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarle o impedirlo."
Pareciera que la intención de los constituyentes fue de incluir tácitamente el derecho de huelga, pero por alguna razón política, no fue descripto de manera expresa.
